La orden de prisión ya había sido dada por un tribunal el 15 de diciembre, pero su defensa pidió que fuera revocada por considerarla injusta.
«Pido cese el odio y solicito mi libertad por ser un justo derecho. Jamás he cometido un delito de rebelión», expuso Pedro Castillo el miércoles durante una audiencia virtual. «Señor juez, yo no he cometido ningún delito de conspiración, pero quien ha conspirado es el Congreso y otras instituciones con la finalidad de armar un plan sobre la caída de mi gobierno a través de sucesivos pedidos de vacancia y otras artimañas», amplió.
Pedro Castillo, un maestro rural y líder sindical izquierdista, dijo estar incomunicado y pidió al juez que se le otorgue acceso a un teléfono para contactar con su esposa y dos hijos, que partieron asilados a México la semana pasada.
La Defensoría del Pueblo, que lo visitó hace una semana junto a un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó que el expresidente fue destituido constitucionalmente por el Congreso y se encuentra recluido bajo condiciones legales y sin complicaciones físicas.
Pedro Castillo, de 53 años, está recluido en el penal Barbadillo, dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes) en la capital. Es investigado por el delito de rebelión y conspiración por anunciar el cierre del Congreso, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto. La maniobra no tuvo respaldo institucional.
Horas antes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe final de la denuncia constitucional que recomienda acusar a Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, y pasará a la Comisión Permanente para su ratificación.
La denuncia constitucional, formulada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, recibió 16 votos a favor, seis en contra y una abstención, en la sesión del grupo de trabajo realizada hoy, informaron el diario local RPP y la agencia de noticias Europa Press.
En el texto, el ex ministro de Transportes y Comunicación de Pedro Castillo, Juan Silva, y el exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, son imputados por el presunto delito de organización criminal, tráfico de influencias y delito contra la administración pública en modalidad de colusión.
El encargado de sustentar el informe final ante la subcomisión fue el congresista Diego Bazán, del partido de derecha Avanza País.
El informe final se basa en las investigaciones de la Fiscalía por el caso Puente Tarata, donde se habría favorecido a un consorcio desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para ganar la licitación; el caso Petroperú, sobre la adquisición irregular de biodiesel; y contrataciones irregulares desde el Ministerio de Vivienda.
Por su parte, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, declaro que se respetó el derecho a la defensa de Castillo y los otros investigados, así como el debido proceso según el reglamento del Congreso.
Ahora, el informe sobre la acusación pasará a la Comisión Permanente para que lo ratifique y, tras ello, será debatido en el pleno del Congreso.
De ser finalmente aprobado en el Parlamento, la fiscal Benavides podrá seguir adelante con el proceso acusatorio. Pedro Castillo fue acusado por la Fiscalía de ser partícipe de varias tramas corruptas
